Lo que decía en 2017

En marzo de 2017 la colega Graciela Touzé me entrevistó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para la revista Debate Público, de la carrera de Trabajo Social. Yo era secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Faltaban unos meses para que empezara la venta de cannabis en farmacias, la última pieza de la ley 19.172 que quedaba por implementar. La entrevista está publicada en la revista y es interesante releerla casi diez años después, con lo que pasó en el medio.

Releerse puede ser un ejercicio incómodo. Uno encuentra frases que hoy diría igual, otras que matizaría y algunas que el tiempo se encargó de desmentir. Pero es también una forma honesta de rendir cuentas: las políticas públicas se juzgan por sus resultados, y quienes las defendimos tenemos que estar dispuestos a revisar nuestros argumentos a la luz de esos resultados.

Lo que se sostuvo

La idea que más me reconforta encontrar es la de la equidad social como eje de la política de drogas. En aquel momento la estrategia nacional se organizaba en tres pilares: fortalecimiento institucional, salud integral y equidad social. El tercero era el más novedoso, porque rompía con la vieja dicotomía entre el dispositivo de seguridad y el dispositivo sanitario, entre el delito y la enfermedad. Graciela lo dijo mejor que yo: el consumo de drogas entendido como un hecho social, que amerita otro tipo de intervenciones. Sigo pensando exactamente eso.

También se sostuvo, lamentablemente, el diagnóstico sobre el eslabón más débil. En la entrevista hablaba del encarcelamiento masivo de mujeres pobres que empezaban a vender pasta base como forma desesperada de sobrevivir. En 2002 Uruguay tenía unas 5.000 personas privadas de libertad; en 2024 eran alrededor de 15.000, con una incidencia creciente de los delitos de drogas, en particular en las cárceles de mujeres. La cadena del tráfico se sigue rompiendo por el mismo lado.

Y se sostuvo una advertencia que entonces parecía casi teórica. Decía que el gran riesgo del sistema político eran los atajos: la inflación punitiva como respuesta, las drogas como explicación del deterioro de la convivencia. Explicaciones simples llevan a respuestas simples. Tres años antes, en 2014, la sociedad uruguaya había rechazado en las urnas la baja de la edad de imputabilidad, y yo leía eso como una discusión saldada. No lo era. En 2020 la ley de urgente consideración endureció las penas para adolescentes y pisó el acelerador del punitivismo en drogas. Los atajos volvieron, y con ellos los resultados de siempre.

Lo que cambió

En la entrevista defendía con convicción un modelo de regulación con fuerte protagonismo del Estado, muy distinto al de los estados de Estados Unidos, donde el mercado legal quedaba librado a la oferta y la demanda. Insistía en que no se trataba de una liberalización del consumo, sino de generar tres vías de acceso seguras. Todo eso sigue siendo cierto en lo esencial: no quiero un mercado de cannabis capturado por corporaciones con publicidad agresiva.

Pero el análisis que hice años después en mi tesis de maestría, me mostró también sus errores, que fueron nuestros. Un exceso de regulación. Una visión prejuiciosa del comportamiento de los usuarios adultos, a los que se les exigía registrarse ante el Estado para comprar. Un estatismo por momentos asfixiante, que ofrecía productos de baja potencia mientras la gente seguía buscando otra cosa en el mercado ilegal.

Lo interesante es que en 2017 la puerta ya estaba abierta. Le decía a Graciela que quizás la evaluación de los impactos fuera llevando a otras formas de regulación, y que eso no lo podíamos saber todavía. Hoy lo sabemos un poco mejor. Cuando a fines de 2024 llegó a las farmacias una variedad de mayor potencia, en un año pasó a concentrar tres de cada cuatro ventas. Hoy el mercado regulado alcanza a más de la mitad de los consumidores estimados en el país. Cuando el Estado responde con realismo a lo que las personas efectivamente consumen, desplaza al narcotráfico. Por eso hoy propongo una «reforma dentro de la reforma»: un modelo híbrido, sin registro obligatorio de compradores, con más puntos de venta y más productos, siempre bajo control sanitario.

No es un cambio de bando. Es lo que pedía en aquella entrevista: que la evidencia guiara la política, aunque eso implicara corregir lo que nosotros mismos habíamos diseñado.

Lo que quedó pendiente

Al final de la conversación, Graciela me preguntó por los principales desafíos. Respondí dos: completar la implementación de la regulación del cannabis y aprobar una ley nacional de alcohol. La primera se cumplió ese mismo año, cuando en julio empezó la venta en farmacias. La segunda llevó bastante más tiempo: la ley 19.855, que crea un marco regulatorio para el consumo problemático de bebidas alcohólicas, se aprobó recién en diciembre de 2019, y todavía hoy sigue sin implementarse a cabalidad. Cuesta mucho que la sociedad uruguaya, y el sistema político en particular, miren con la debida conciencia el problema del alcoholismo.

Hay otras deudas que la entrevista nombraba de pasada. La política de drogas uruguaya sigue condensada en un decreto-ley penal de 1974. La red de atención y tratamiento que entonces describía como «una red que está viva» no logró la cobertura que necesitábamos; demandar atención por adicciones sigue siendo un periplo que muchas familias terminan resolviendo por su cuenta.

En el plano internacional, decía que la sesión especial de Naciones Unidas de 2016 era un punto de no retorno, un piso común para la región. Algo de eso se sostuvo: los derechos humanos y la reducción de daños ganaron un lugar en los documentos internacionales que hace veinte años era impensable. Pero también decía que todo logro, si se descuida, se puede deteriorar. Buena parte de la región hoy se dejó seducir por modelos de mano dura que hace diez años hubieran parecido inaceptables. El piso existe, pero hay que defenderlo.

Un cable a tierra

Cerca del final, Graciela me preguntó cómo bajaba todo eso a los territorios. Le respondí que mis años de trabajo en calle con adolescentes, en pleno auge de la pasta base, eran mi cable a tierra, el lente desde el que miraba la política. Hoy trabajo en el gobierno de Montevideo, en temas de convivencia, de espacio público, de personas en situación de calle. Volví, de alguna manera, a la esquina donde empecé.

Desde ahí, la conclusión de aquella entrevista me sigue pareciendo válida: no hay política de drogas que funcione si viaja por carriles separados de la protección social, de la igualdad y de la lucha contra la exclusión. Lo que aprendí en estos años es que tampoco funciona si no se anima a revisarse.