Allanamientos nocturnos: otra vez el atajo

En setiembre de 2024, en plena campaña electoral, debatí sobre seguridad pública con Gustavo Zubía, por entonces diputado del Partido Colorado, en el programa Periodistas de Canal 5. Yo era candidato al Senado por el Frente Amplio. El centro de la discusión fue la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, que se plebiscitó un mes después, junto con las elecciones nacionales. La ciudadanía la rechazó: solo un 41% la acompañó. El debate completo puede verse acá.

Dos años después, el tema vuelve. Un diputado de Cabildo Abierto propuso crear una comisión bicameral para estudiar una nueva reforma, y la discusión regresó a los medios como si 2024 no hubiera existido. Por eso me parece útil volver sobre aquellos argumentos. No porque nada haya cambiado, sino porque el problema de fondo sigue siendo el mismo: la tentación de responder a un fenómeno complejo con una medida de alto impacto comunicacional y bajo impacto real.

La noche no es tierra de nadie

La reforma se presentó casi como la llave maestra contra el narcotráfico. Vista de cerca, no resiste demasiado. La Policía ya puede actuar de noche en todo lo que no es una vivienda: depósitos, comercios, la vía pública. Y puede entrar a un hogar cuando hay riesgo inminente para la vida o en situaciones de violencia basada en género. No existe tal cosa como una impunidad nocturna.

Lo que la Constitución protege es el hogar de las personas durante la noche. Es una garantía histórica y no está ahí por capricho. Según informó el propio Ministerio del Interior en el Parlamento en aquel entonces, en Uruguay se hacían alrededor de mil allanamientos al año, y la práctica policial habitual es vigilar e investigar durante la noche para ingresar con la primera luz. Nadie logró explicar qué ganaríamos, en concreto, a cambio de resignar esa garantía.

Lo que sí sabemos es lo que arriesgaríamos. Entrar de noche a una casa multiplica la posibilidad de un enfrentamiento a ciegas, expone a los niños y niñas que duermen allí, pone en peligro a los propios policías y abre nuevas puertas a la corrupción. El catedrático de Derecho Penal Germán Aller lo señaló con claridad: en la enorme mayoría de los países donde la herramienta está prevista en la ley, casi no se usa, precisamente por sus costos y sus riesgos.

Los cargamentos no duermen en la casa del perejil

El argumento de fondo de los promotores es que la medida golpearía al narcotráfico. Pero eso es no entender cómo funciona el negocio. Las toneladas de cocaína que pasan por Uruguay no se guardan en viviendas de barrio: viajan en aviones, camiones y contenedores, y se acopian en depósitos, establecimientos rurales y puertos. Todos esos lugares se pueden vigilar, intervenir y allanar las veinticuatro horas, sin tocar una coma de la Constitución.

Allanar de noche las bocas de venta, en cambio, apunta otra vez al eslabón más débil. Es la misma lógica que en las últimas décadas llenó las cárceles de vendedores minoristas mientras los mercados de drogas crecían y se volvían más violentos. Y para situaciones excepcionales de protección de la vida, como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, hay caminos dentro del marco constitucional vigente, como ya se hizo con la ley de violencia basada en género.

Dónde duele de verdad

En aquel debate intenté mostrar que la alternativa a la mano dura no es la inacción. En los barrios más golpeados las tasas de homicidio llegan a ser treinta o cuarenta veces más altas que en otras zonas de la capital. Esa desigualdad exige actuar, y actuar donde al crimen organizado le duele.

Primero, en la logística y el dinero. Volver a controlar satelitalmente el transporte de carga, un sistema que se suspendió en 2020. Bajar el tope para las transacciones en efectivo, que la ley de urgente consideración llevó a un millón de unidades indexadas, para cerrar una canilla abierta del lavado de activos. Reforzar con tecnología y personal los puertos y las fronteras.

Segundo, en el territorio. Atacar la desvinculación educativa temprana, que es la puerta por la que las bandas reclutan a los gurises. Y sostener políticas policiales basadas en evidencia, como el Programa de Alta Dedicación Operativa, que demostró reducir rapiñas y hurtos en los puntos calientes con patrullaje focalizado.

Tercero, en las cárceles. En 2024 Uruguay tenía unas 16.000 personas privadas de libertad, una de las tasas de prisionización más altas del mundo, y casi la mitad del sistema en condiciones que el comisionado parlamentario califica como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Con una reincidencia que ronda el 70%, la cárcel termina reproduciendo el delito que dice combatir. Por eso planteé pasar la gestión penitenciaria a un órgano descentralizado con conducción civil, construir una cárcel de máxima seguridad para los líderes del crimen organizado y centros pequeños orientados a la rehabilitación, y acompañar de verdad a quienes recuperan la libertad, para que la falta de alternativas no los empuje de vuelta al delito.

Cuarto, en las penas y la investigación. Más dureza para los delitos violentos y contra la vida, y programas obligatorios fuera de la cárcel para los infractores primarios del microtráfico: encerrar a los "perejiles" solo sirve para entregarlos a las bandas que dominan los módulos. Un Código Penal que deje atrás 1934 e incorpore los delitos de este siglo. Una inteligencia policial profesional y una Fiscalía con recursos para investigar en profundidad, en lugar de cerrar causas con procesos abreviados.

Ninguna de estas medidas cabe en un eslogan. Ese es, quizás, su principal defecto en campaña y su principal virtud a la hora de gobernar.

El debate que hay que dar

Hace años que insisto en que el gran riesgo del sistema político en materia de seguridad son los atajos. Lo escribí en 2021, cuando el gobierno de entonces barría con todo lo anterior, y en 2023, cuando la izquierda empezaba a construir un nuevo consenso que dejara atrás tanto la mano dura como la ingenuidad. Los allanamientos nocturnos son un atajo de manual: una respuesta simple, fácil de comunicar, que promete mucho y resuelve poco.

La ciudadanía ya dijo que no. Volver a la carga con la misma propuesta, sin evidencia nueva, dice más de la necesidad de mostrar algo que de la voluntad de resolver. La seguridad es demasiado seria para eso. Discutamos, entonces, lo que funciona. Ese debate sí vale la pena.