Regular para proteger

Sí, el uso de cannabis conlleva riesgos y puede provocar daños. Por eso, su mercado no puede estar en manos de redes criminales. A no confundirse: el riesgo inherente a la sustancia no cuestiona la conveniencia de su regulación legal; al revés, la justifica plenamente. Esta premisa, que hemos sostenido en el debate público, responde a una pregunta fundamental planteada por la Comisión Global de Política de Drogas: ante una sustancia riesgosa, ¿quién debe ejercer el control de su mercado: el Estado, mediante agencias de salud y regulación, o el crimen organizado, a través de la violencia y el narcomenudeo? Lejos de implicar una normalización incondicional o la promoción del uso, la regulación constituye un acto de soberanía estatal para gestionar responsablemente los riesgos.

Para gobernar este mercado con eficacia, la política pública debe guiarse por la ciencia, la transparencia y la evidencia objetiva. En Uruguay, el primer estudio científico sobre los efectos cerebrales del cannabis proveniente del mercado regulado, liderado por el Dr. Rodolfo Ferrando (CSIC-Udelar), aportó una conclusión contundente: el uso frecuente no es inocuo para el cerebro. Las pruebas cognitivas y las tomografías SPECT (por emisión de fotón único) realizadas en usuarios crónicos registraron alteraciones en la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, asociadas a una hipoperfusión (reducción del flujo sanguíneo) en las regiones frontales y temporales del cerebro. Un dato decisivo: la investigación demostró que estas alteraciones eran más marcadas y extensas en los usuarios que consumían variedades de alta potencia, con concentraciones de THC de entre el 15% y el 25%.

Estos hallazgos, antes que justificar un retorno a la retórica prohibicionista que genera incomodidad política, demuestran la urgente necesidad de regular: solo un mercado regulado permite al Estado controlar los perfiles psicoactivos, ofrecer variedades de menor potencia y, por lo tanto, más seguras, y exigir un etiquetado estricto que advierta de los riesgos reales del THC. Conocer el porcentaje exacto de THC empodera al usuario frente al desamparo de la clandestinidad y el cannabis prensado adulterado del mercado negro.

Frente a quienes advierten que regular dispara el consumo, la evidencia empírica invita a la sensatez. En Uruguay, la legalización no causó un aumento incontrolado del consumo general, y entre los adolescentes se detuvo la tendencia al alza. La regulación permite, como enseña la Comisión Global, establecer un «gradiente de disponibilidad frente al riesgo», desincentivando el uso de variedades más potentes mediante el incremento del precio por unidad de THC. El tabaco es un claro precedente: su consumo mundial se redujo drásticamente con educación, impuestos altos y limitaciones a la publicidad, sin criminalizar a los usuarios. La educación basada en la evidencia y el control estatal son considerablemente más eficaces que la amenaza de prisión.

Sin embargo, para que esta transición de mercados sea efectiva, el diseño de la política pública debe ser dinámico y autocrítico. El último informe del Observatorio Uruguayo de Drogas, que analiza la evolución de nuestro mercado regulado a fines de 2025, muestra que la regulación formal alcanza a 113.548 personas habilitadas, lo que representa el 52% de los aproximadamente 218.000 consumidores estimados en el país. El sistema logró un crecimiento del 11% en el último año, impulsado por un registro de 83.567 adquirentes en farmacias y por el dinamismo de los clubes de membresía, que ya suman 557 clubes habilitados y 19.589 miembros.

La brecha de cobertura revela ineficiencias de diseño que he analizado en mis investigaciones académicas sobre la ley 19.172, a más de diez años de su aprobación. El acceso formal sigue condicionado por barreras de mercado y territoriales. Si bien durante 2025 se comercializó cannabis en 56 farmacias habilitadas, persisten departamentos enteros con baja o nula cobertura de puntos de venta legales. El efecto de subsanar esta barrera geográfica es inmediato: en abril de 2025, la apertura de una farmacia en Tacuarembó más que duplicó el registro local de adquirentes al cierre del año (de 321 a 732).

Asimismo, la introducción de la variedad Épsilon (con hasta un 20% de THC) a fines de 2024 transformó radicalmente las preferencias: en 2025 concentró el 75,9% de las ventas en farmacias e impulsó un volumen récord de ventas, superior a 4 toneladas anuales. Este hito demuestra que cuando el Estado responde con realismo a las preferencias de potencia y ofrece abastecimiento oportuno, desplaza masivamente al narcotráfico. Allí está el logro principal de esta política.

No obstante, para asfixiar definitivamente al mercado ilegal y sus zonas grises, es indispensable implementar la «reforma dentro de la reforma» que he denominado «Regulación 2.0», basada en un «modelo híbrido». No se trata de entregar el comercio a la mercantilización descontrolada de las corporaciones —cuya publicidad agresiva podría fomentar el consumo abusivo—, sino de transitar hacia un esquema más flexible de control sanitario.

El modelo híbrido plantea eliminar el registro obligatorio centralizado de consumidores en farmacias —el principal desincentivo por temor al estigma y la exposición de datos personales—, sustituyéndolo por un estricto control de edad en el punto de venta con la cédula de identidad. Además, propongo expandir las licencias de producción a nivel regional, descentralizar el acceso territorial sumando dispensarios controlados de presentación neutra —especialmente en municipios sin farmacias adheridas—, y habilitar, de forma regulada y con etiquetado adecuado, los prearmados, derivados y aceites de cannabis para responder a la diversidad real de consumo.

La regulación de los mercados de drogas no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de soberanía del Estado para minimizar los daños y recuperar el control. Admitir que el cannabis provoca alteraciones cerebrales no debilita la legalización; al contrario, la fundamenta con solidez: precisamente porque es riesgosa, la sustancia debe estar bajo el control del Estado y no del arbitrio violento de las bocas de venta clandestinas. Uruguay demostró que otro paradigma es posible; ahora corresponde perfeccionar su diseño con valentía pragmática, garantizando la salud pública, la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

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Referencias

Comisión Global de Política de Drogas. (2018). Regulación: el control responsable de las drogas. Informe de la Comisión Global de Política de Drogas. Ginebra, Suiza.

Delgado, N. (2025). Investigación uruguaya muestra alteraciones cerebrales por uso de marihuana legal, mayores en alto nivel de THC. Semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay.

Ferrando, R., Bayardo, K., Bracesco, P., Silveira, A., y Carballo, M. (2025). Differences in brain dysfunction between regular users of low- and high-potency legal cannabis. Journal of Nuclear Medicine, 66(supl. 1), 252261.

Ferrando, R. (2025). Efectos del consumo crónico de cannabis del mercado regulado en la función cerebral. Informe final de investigación. Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), Universidad de la República / Hospital de Clínicas / Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), Uruguay.

Observatorio Uruguayo de Drogas. (2026). Mercado regulado del cannabis al 31/12/25. Documento de trabajo 2/2026. Secretaría Nacional de Drogas, Junta Nacional de Drogas / Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), Uruguay.

Olivera Couto, D. M. (2024). Regulación legal del cannabis en Uruguay: desafíos y escenarios de cambio a 10 años de su aprobación. Tesis de Maestría en Políticas Públicas. Escuela de Posgrados, Universidad Católica del Uruguay. Repositorio LIBERI.