Microtráfico en Uruguay. ¿Qué hacer?

La principal política de drogas en Uruguay está condensada en un decreto-ley de 1974, norma de tipo penal. Su principal mecanismo de acción es definir la participación en cualquier eslabón de la cadena de producción y distribución de sustancias prohibidas como un delito que el Estado debe perseguir y sancionar penalmente.

Durante los últimos 20 años las penas allí contenidas se han endurecido, exacerbando el uso de la cárcel, con penas más largas y sin posibilidad de alternativas al encierro.

La LUC pisó a fondo el acelerador del punitivismo en drogas pero no lo inauguró. Incluso en el programa "por la vida y la convivencia" que propuso la regulación del mercado de marihuana, se incluía el incremento de penas como contrapeso de aquella medida progresista.

Consecuencia: en 2002 Uruguay tenía aproximadamente 5.000 personas privadas de libertad, actualmente alcanzamos los 15.000, con una incidencia creciente de los penados por drogas, especialmente en los establecimientos para mujeres. Sin embargo, los mercados de drogas cada vez son más grandes, violentos y peligrosos.

El narcotráfico es un sistema social muy complejo y diferenciado. Es además uno de los mercados con mayor nivel de explotación humana e injusticia. Lo integran personas ricas y poderosas (distribuidores de grandes cargamentos, exportadores, lavadores) junto con grandes grupos de personas vulneradas, pobres y discriminadas (campesinos y microtraficantes). Sin embargo, la ley de drogas uruguaya cae con igual dureza sobre todos ellos, aunque es evidente que los niveles de responsabilidad y de uso de la violencia son muy distintos. Para realidades muy diversas, aplica respuestas homogéneas. Como resultado, en lugar de mitigar esa desigualdad, la profundiza.

Entonces, ¿el microtráfico debe ser tratado como un fenómeno criminal o social? Las penas alcanzan mayoritariamente a los más fáciles de atrapar. Los jefes narcos están infinitamente más protegidos del alcance de la represión, y para las fuerzas de seguridad es más fácil y políticamente rentable caerle al menudeo. Además, la sociedad tiende a ver como personas más peligrosas a quienes están en los barrios y no a quienes están en las mansiones, las instituciones públicas, los bancos, etc.

Aún así, sigue siendo menos riesgoso y eventualmente más rentable sumarse a traficar drogas que cometer otros delitos como hurtos o rapiñas (Nano Folle dixit). Esto, sumado a la pobreza, la falta de oportunidades y la fractura social, genera disponibilidad permanente de "brazos" dispuestos a sumarse al narcotráfico.

Cuando la principal (y casi única respuesta) al microtráfico por parte del Estado es la represión, se genera un efecto no deseado en el sistema del narco. Los distribuidores necesitan tener más puntos de venta, reclutar más personas, y distribuir cantidades más pequeñas para fragmentar el riesgo. El que tenía 3 bocas, ahora necesita tener 10. Y como estas personas no son de su confianza, debe ser más duro con los incumplidores, de modo tal que la violencia exacerbada opere como mecanismo de disciplinamiento hacia el resto. El que no cumple, el que delata, sufrirá. Mucho. Él y su familia.

¿Qué hacer? Es larga la respuesta, pero algunas cosas son básicas: tener una estrategia diversificada (dual?) hacia el microtráfico, especialmente para personas primarias y que no han ejercido violencia homicida: penas alternativas, programas sociales, inclusión laboral, acceso a vivienda, tratamiento de adicciones, etc. Obviamente esto no implica dejar de "cerrar bocas" (no construyamos falsas dicotomías estúpidas). Esto conlleva una mayor presencia del Estado en los territorios signados por la fractura social, planes de urbanización, acceso al transporte, la cultura y la circulación social, todo esto basado en una gran articulación entre instituciones diversas en clave de cercanía. Para ello hace falta un claro y fuerte liderazgo institucional (seguramente desde Presidencia de la República).

Además, es necesaria otra estrategia, basada en inteligencia, planificación y regulaciones adecuadas para proteger a nuestro país de los grandes flujos internacionales de drogas ilícitas. Esto implica despliegue físico (scanners, radares, lanchas, etc.) pero más aún control de los flujos de capital que financian al crimen organizado y lavan sus ganancias. Junto a esto mejorar sustantivamente la persecución y prevención de la corrupción. Esa estrategia existió pero se debilitó francamente durante la actual administración.

Finalmente, en el mediano y largo plazo necesitamos salir del fracasado prohibicionismo y su peor versión, la guerra a las drogas. La regulación legal del cannabis uruguaya, pionera en el mundo demuestra que es posible. En ella se basaron los diseños de países como Canadá y Alemania, nada menos! Pero hay que sumar más voluntades al consenso reformista y para ello hay que trabajar fuerte a nivel internacional, global y regionalmente.